Haití: límites y posibilidades de la cooperación militar internacional

MINUSTAH: antecedentes de cooperación militar internacional

A principios del 2004, debido a la situación de crisis generalizada por el incremento de la violencia por parte grupos armados, el deterioro de las condiciones económicas y agudización de la crisis humanitaria, se decidió el establecimiento de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), la que comenzó a funcionar el primero junio del mismo año.

Luego de trece años de presencia internacional el 15 de octubre de 2017 se dio por finalizada la MINUSTAH^[1]. Si bien durante su despliegue hubo numerosas denuncias de abusos cometidos por efectivos de la Misión contra la población haitiana y parte del contingente (puntualmente el nepalés, el cual fue responsabilizado de reintroducir cólera en el país), el despliegue militar multinacional fue efectivo para reducir la violencia y recuperar territorios controlados por bandas armadas, principalmente de la Capital Puerto Príncipe. Esta última conclusión fue sostenida en el informe final del Secretario del Consejo de Seguridad^[1].

Una normalización fallida

Antes del retiro definitivo, la MINUSTAH ayudó a crear un entorno de relativa seguridad para las elecciones presidenciales de finales de 2016. El acto eleccionario, organizado exclusivamente por el estado haitiano tuvo una baja participación y se le imputaron irregularidades, llevó a la presidencia a Jovenel Moïse. Este asumiría la presidencia en 2017 en un contexto de impugnación de su legitimidad y de convulsión política y social.

Consumado el retiro de la Misión la nueva administración no pudo brindar soluciones para la estabilización del país. En el 2018 la situación económica se degradó a la par que se produjeron varias protestas por acusaciones de corrupción por el affaire Petrocaribe^[1] que socavaron la legitimidad del gobierno de Moïse.

En noviembre se produjo lo que se conoció como “La Masacre de la Saline”. El barrio de La Saline era uno de los focos de las protestas contra el gobierno, y los días 13 y 14 sufrió la irrupción de bandas criminales que asesinaron al menos 71 personas, y cometieron otros delitos contra la integridad física y material de sus moradores^[1].

En forma paralela al contexto de movilizaciones, junto con los reclamos políticos, económicos, sociales y sanitarios no escuchados; se dio la reorganización y resurgimiento de bandas armadas, las cuales durante la presencia de MINUSTAH habían prácticamente desaparecido de la escena haitiana.

Dichas organizaciones se regeneraron bajo nuevos formatos y comenzaron brindando seguridad a miembros de diferentes partidos políticos, alcanzando paulatinamente mayores niveles de organización y acceso a mayor poder de fuego, por medio de actividades ilegales tales como secuestro y la extorsión. Coadyuvó a esto la debilidad del estado y las nulas posibilidades de reinserción laboral.

Durante el 2019 continuaron las movilizaciones y se radicalizaron los ataques contra Representaciones Extranjeras en el país e incluso fueron agredidos y asesinados personalidades políticas y del ámbito académico-estudiantil. A la ya débil situación sanitaria, caracterizada por falta de recursos y de personal idóneo, se le acoplaría la epidemia de COVID-19 dando como resultado uno de los peores escenarios humanitarios de la región.

En ese entorno de clima social altamente inestable se intensificaron, principalmente en la capital del país Puerto Príncipe, los enfrentamientos entre bandas criminales por control territorial. Esta situación forzó al Poder Ejecutivo a solicitar cooperación de la Comunidad Internacional para detener el espiral de violencia desatado en el país.

El desprestigio del gobierno, la debilidad de los órganos estatales y la acción de las bandas marcaron un hito el 7 de julio del 2021 cuando un grupo de mercenarios asesinó al presidente Jovenel Moïse en su domicilio particular (en el que residía por cuestiones de seguridad). El grupo se presentó como personal policial, portando uniformes e insignias, lo que disminuyó la reacción inicial al ataque. Moïse recibió doce impactos de bala. La situación no fue plenamente esclarecida en los estrados judiciales: se supo que parte del contingente de asalto estaba conformado por exmilitares colombianos, pero nunca se estableció la autoría intelectual^[1].

Este hecho marcó un profundo quiebre y, en el marco interno, desencadenó en la declaración del estado de sitio en todo el territorio nacional y el establecimiento de un virtual gobierno de facto de Ariel Henry sostenido por el apoyo externo más que la legitimidad interna. Se gobernó por decreto, sin organismos representativos, desde una situación de debilidad que produjo el virtual colapso de la Policía Nacional. Este gobierno duró hasta inicios del 2024 en que estando Henry fuera del país, las bandas lanzaron una ofensiva coordinada en el país que imposibilitó su regreso.

Ante la imposibilidad de normalizar la situación mediante elecciones, se forjó un formato de transición basado en la representación de las distintas fuerzas políticas, con alternancia entre sus miembros. El gobierno, consensuado con EUA, se constituyó en el Consejo Presidencial de Transición (CPT), con vigencia hasta la actualidad.

Desde el plano internacional, pero especialmente en el marco regional, fue tomando cada vez mayor impulso la necesidad de generar instancias de cooperación que permitieran contener la crisis interna y, en segundo lugar, amortiguar el impacto en la región por el creciente número de desplazamientos internos que incidieron en el aumento de inmigraciones ilegales siendo los principales receptores de desplazados haitianos República Dominicana y países de Centroamérica.

Hacia una intervención más focalizada en eliminar la violencia

En 2023 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por medio de la Resolución S/2023/709, aprobó el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad para Haití (MSS). Esta misión se proyectó bajo el Capítulo VII de la Carta de la Organización, que autoriza al Consejo el uso de la fuerza tras haber agotado todas las demás instancias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

La MSS fue desplegada a mediados del 2024 bajo Comandancia de Kenia, con la previsión de contar con 2500 efectivos. Sin embargo, la falta de compromiso internacional y regional y de los consecuentes fondos económicos para su sostenimiento dificultaron su conformación total y efectividad operacional. Se estima que el máximo de personal efectivamente desplegado alcanzó solo los 1000 hombres^[6]. Ante la insuficiencia de la misión internacional y el continuo deterioro de la situación, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) recurrió a la contratación de empresas privada de seguridad para objetivos puntuales y tareas limitadas.

Ante una situación de seguridad sin solución a corto plazo, comenzó a debatirse un instrumento de cooperación internacional más acotado en su ámbito de aplicación, pero más preciso en su objetivo operativo. Por iniciativa de Estados Unidos, con respaldo de actores regionales como Panamá, fue elevada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la propuesta de reconfigurar el enfoque de la asistencia internacional hacia una fuerza con mandato explícito de supresión de pandillas. Esta estaba concebida como una evolución más coercitiva del esquema de apoyo a la seguridad vigente.

El 30 de septiembre del 2025 por medio de la Resolución 2793 se aprobó la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSP; Gang Suppression Force), cuya propuesta había sido resistida por el carácter explícitamente coercitivo. Sin embargo, la realidad de Haití y la insuficiencia de la MSS daban la pauta de que no había margen de acción para soluciones intermedias o a más largo plazo. Según justifica la OMU a dicha Fuerza: el 90 % del territorio del Estado era dominado por las bandas criminales, alcanzando a territorios que antes estaban libres de ellas. Los desplazados por esta causa superaban el millón de personas, cufra  que hacía colapsar los servicios básicos y la seguridad alimentaria de la población.

La FSP está diseñada para contar con un componente activo de aproximadamente 5500 efectivos, con capacidades y equipamiento militar específico, además habilitación para realizar arrestos y detenciones.

Sus objetivos principales incluyen:

*   Operaciones de inteligencia para desmantelar bandas armadas.

*   Proteger infraestructura crítica y garantizar acceso humanitario.

*   Protección de la población civil.

La propuesta incluye una oficina de la Naciones Unidas en Haití para gestionar el suministro operativo y de apoyo logístico, además de proporcionar una financiación más estable, cuestión que había obstaculizado la misión de seguridad anterior. En principio, los países aportantes de efectivos y fondos económicos serían Canadá, El Salvador, EUA y Kenia, además de proporcionar dirección estratégica, incluida la elección del comandante de la fuerza. No obstante, el esquema aprobado contempla que la operación funcione bajo el paraguas institucional de las Naciones Unidas, con mecanismos de supervisión directa del Consejo de Seguridad.

Cabe mencionar que, si bien la Misión fue aprobada bajo estándares de las Naciones Unidas, no es exclusiva de dicho organismo, del cual solo recibió apoyo logístico. El grueso de la financiación dependió de contribuciones voluntarias de estados miembros y de organismos regionales e internacionales.

¿Propuesta de un nuevo paradigma de cooperación?

Este formato recientemente reconfigurado plantea un nuevo paradigma respecto de la cooperación internacional y rompe con el modelo tradicional de Fuerza de Paz (peacekeeping) de la ONU, con un enfoque más restringido en cuanto a los objetivos. En lugar de intentar una reconstrucción integral del Estado, se centra en su mayor amenaza: las bandas criminales. Estas ponen en jaque el monopolio de la violencia física legítima (la misma base existencial del Estado).

Haití representa varios desafíos para la región. Nuevas modalidades de cooperación en materia de seguridad, nuevos formatos de contención migratoria como respuesta al gran número de desplazados y retos transfronterizos que eviten desbordes o expansión del accionar criminal por fuera de territorio haitiano. También se necesita una acción más asertiva de lo que puede ser una acción que establezca límites claros a la violencia ejercida por las bandas criminales. El objetivo de FSP está puesto en disminuir la violencia hasta un a un punto tal en el que todos los asuntos criminales puedan ser enfrentados por la Policía Nacional.