Sector Antártico Argentino. Territorio de la República

Para nuestro país, la Antártida no constituye un mero interés geopolítico, sino que es parte del sentir nacional, o si se quiere, parte de cómo sentimos y concebimos al estado y su territorio. Como nos sucede con nuestras Islas Malvinas, consideramos al SAA como la extensión lógica, natural y sentimental de nuestra conformación territorial.

La observación cartográfica de la República Argentina nos permite constatar la unidad armónica y coherente de su territorio: la continuidad entre la masa continental americana, el sector antártico y el espacio marítimo adyacente, incluyendo su proyección sobre la plataforma continental. Nuestro territorio constituye un todo indivisible, articulado en sus dimensiones terrestre, insular, marítima y antártica, y que desde los puntos de vista lógicos, científicos e históricos, presenta argumentos irrefutables (por ello la verdad histórica y jurídica en el lema “Las Malvinas son argentinas”).

Con presencia ininterrumpida desde 1904, el país sostiene una ocupación efectiva, científica y logística. Incluso, posee una escuela para que los hijos de las  familias del personal que lleva a cabo la campaña puedan continuar la escolaridad.

Por lo tanto, la finalidad del presente artículo es destacar que, si bien el Tratado Antártico establece la suspensión de todos los reclamos territoriales sobre el continente, ello no invalida el hecho de que la República Argentina, en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales, considere al Sector Antártico Argentino como una parte integral de su territorio nacional. En este sentido, dicho sector debe ser incluido dentro de la concepción estratégica del estado con el mismo nivel de prioridad que las Islas Malvinas e, incluso, que el territorio continental.

Los antecedentes de un reclamo

La postura argentina está claramente expresada por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “La Argentina reivindica soberanía sobre el denominado ‘Sector Antártico Argentino’, definido por el paralelo 60º sur y el Polo Sur, y los meridianos 25º y 74º de longitud Oeste. […] La superficie del Sector Antártico Argentino es de aproximadamente 1.461.597 km², de los cuales 965.314 km² corresponden a tierra firme”^[1].

Nuestra reivindicación está sostenida por sólidos argumentos geológicos, geográficos, históricos y jurídicos. Desde un punto de vista físico, nuestro territorio y la Antártida constituyen una unidad estructural y tectónica, estando la península Antártica unida geológicamente con la Patagonia (aunque la continuidad de los territorios terrestres esté interrumpida por el estrecho de Drake)^[1]. El Arco de las Antillas Australes, también conocido como Arco de Scotia, es la continuación submarina de la cordillera de los Andes que se extiende hacia el sur y se conecta con la península antártica, específicamente con la cordillera de los Antartandes. Es un arco volcánico submarino que conecta la punta sur de Sudamérica con la Antártida.

La historia también es otro fuerte argumento de nuestra reivindicación: España proyectó su dominio sobre la Antártida ya desde el Tratado de Tordecillas (1494), que fue ratificado por la bula papal Ea quae pro bono pacis de 1506. Por el Tratado de San Ildefonso de 1777 quedan definidos los límites territoriales entre España y Portugal; estos límites son los que fueron tomados en cuenta para aplicar el principio de uti possidetis iuris cuando los nuevos estados “heredan” los territorios del Virreinato.

En 1820, se izaba nuestra bandera en las Islas Malvinas, y en 1829 la Provincia de Buenos Aires estableció un gobierno sobre estas y otras adyacentes. Pero el gran hito antártico lo constituyó la instalación de la Base Orcadas del Sur el 22 de febrero de 1904 en la Isla Laurie, el primer asentamiento permanente e ininterrumpido por debajo del paralelo 60. Ese día quedó inmortalizado en el calendario nacional como el Día de la Antártida Argentina.

Desde este día histórico a la fecha, nuestro país acrecentó la presencia en el continente blanco, especialmente con trece bases, de las cuales seis son permanentes. En 1951 se creó el Instituto Antártico Argentino, promovido por el coronel Hernán Pujato y del cual fue director. Ese mismo año, también instaló la primera base permanente en el continente, la San Martín. Advertirá el lector que la postura argentina se sustenta en ser el primero en muchos aspectos relacionados con la investigación y ocupación efectiva de este territorio^[1]. Hoy el Comando Conjunto Antártico es el responsable de hacer posible la presencia argentina, sosteniendo un puente logístico con las bases mediante las campañas antárticas.

Asimismo, nuestro país es uno de los impulsores del Tratado Antártico; este no solo fue un acuerdo que evitó una carrera sin control por su posesión, sino que evitó que la Antártida fuera campo de prueba de bombas nucleares^[1]. Si ahora esto nos parece algo obvio, en la década del ‘50 (con los conocimientos y apreciaciones de entonces), el tema no estaba saldado. Sin embargo, el 1 de diciembre de 1959^[1], los doce países signatarios del tratado esculpieron un acuerdo internacional que “blindaría la zona” y beneficiaría a la humanidad y al planeta. 

Un punto más que consolida a nuestro país en su perfil antártico, y a su rol en la vigencia efectiva del Tratado, es que la Argentina es desde 2004 Sede de la Secretaría del Tratado Antártico^[1], un cuerpo subsidiario de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), también asiste al Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA). Asegura el flujo de la información, gestiona la documentación y archivo, y vela por el cumplimiento del tratado y el protocolo del ambiente.

¿Hay una línea a “no ceder”?

No obstante, el Tratado Antártico no impide que nuestro país desarrolle un concepto estratégico en torno a la Antártida que contemple un potencial escenario en el que se encuentre afectada la seguridad del estado en la región. Por ejemplo, una situación hipotética donde un estado denuncia el tratado o lo desconoce por completo, o realiza acciones que lo violan.

Desde una perspectiva estratégica, una “línea a no ceder” representa un umbral geográfico o político más allá del cual una nación o alianza no puede permitir que un adversario avance sin comprometer fundamentalmente sus intereses, su seguridad, su poder o su influencia regional o global. Esta línea puede ser tanto geográfica, dibujada en un mapa, como política, mediante normas que prescriban que se puede hacer, y qué no.

Geopolíticamente, una “línea a no ceder” es una región, territorio o punto de acceso cuya posesión o control es considerado indispensable para mantener el equilibrio de poder regional o global, proteger rutas comerciales vitales, asegurar recursos críticos o proyectar influencia. La violación de esta línea por una potencia rival se percibe como una amenaza directa al orden internacional o al estatus de una potencia. Según Kaplan, “El control de ciertos chockpoints marítimos y terrestres es fundamental para el poder global. La negación de acceso o el control de estas áreas por una potencia adversaria puede alterar drásticamente el equilibrio geopolítico y la distribución del poder”^[1].

En el aspecto político, la línea está trazada por el espíritu y el contenido del Tratado Antártico; ya no se trata solo de los reclamos territoriales, sino también de las actividades que se pueden realizar en el continente. La primera, es que no se puede ejercer la soberanía in toto. Por ejemplo, si uno observa en un mapa del SAA, verá en él establecidas bases de varios países. Nuestro país no solo no puede excluir a otros estados del territorio SAA (el derecho absoluto y excluyente sobre el propio territorio es una de las expresiones de la soberanía), sino que tiene la obligación –y así lo hace– de cooperar ante cualquier situación de emergencia que se presente. Inclusive, las bases argentinas están sujetas a inspección –art. VII: “Todas las áreas de la Antártida [...] serán accesibles en todo momento para la inspección”–.

Por otro lado, la explotación de los recursos naturales extracción de petróleo, minería de la Antártida o la instalación de una base o presencia militar sería una clara violación del tratado. ¿Qué respuesta debería dar nuestro país, si el estado que viola el tratado internacional no cesa en su accionar ilícito y dañoso? Inclusive ¿Qué respuesta debería dar nuestro país si el tratado es denunciado por todos los países y pierde vigencia?^[1].

El escenario hipotético que estamos proponiendo es de casi nula probabilidad de ocurrencia, como así lo eran muchas situaciones actuales que creíamos imposibles de concretarse (en este sentido, el lector puede hacer referencia a conflictos actuales que hace unos años se nos presentaban como imposibles). Sin embargo, para eso existe una fuerza armada, como recurso de última ratio cuando todos los medios normales de solución de controversias han fallado. 

Una fuerza armada es el instrumento militar del estado, que cumple su cometido desde la acción, pero también de la disuasión. No está solo para hacer la guerra, más bien, en tiempos normales está para evitarla. Su conformación responde a las necesidades de la Defensa Nacional y en concordancia con las leyes Internacionales, constituyendo así la “línea a no ceder”. 

En continuidad de su espíritu de respeto al derecho internacional público y la solución pacífica de controversias, el artículo 51 de la Carta de la ONU, que sostiene “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa”. El estado incluye al SAA cuando identifica los espacios sujetos a la defensa: “La Defensa Nacional abarca los espacios continentales, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el Sector Antártico Argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscriptos o a suscribir por la Nación …” (Ley N° 23.554/ 98; InfoLEG).

En consecuencia, y sin ánimo de incurrir en reiteraciones innecesarias, debe enfatizarse que la posición oficial sostenida por la República Argentina sostiene que el Sector Antártico Argentino (SAA) ostenta un estatus jurídico equiparable al de cualquier otra porción del territorio nacional. No obstante, el ejercicio efectivo de la soberanía sobre dicha región se encuentra condicionado por los compromisos asumidos voluntariamente por el Estado argentino en el marco de los tratados internacionales vigentes, particularmente el Sistema del Tratado Antártico.

En esta línea, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2316/90 establece la Política Nacional Antártica, definiendo como objetivo fundamental de la misma “afianzar los derechos argentinos de soberanía en la región”. Complementariamente, el Decreto 1714/2009 reafirma que “cabe destacar que es política nacional antártica el afianzamiento de los derechos argentinos de soberanía, objetivo al cual el Ministerio de Defensa coadyuva a través de la asistencia logística en la ejecución de la actividad antártica, brindada por las capacidades operativas del Instrumento Militar de la Nación”.

La imagen completa del territorio argentino

En la actualidad, la Base Antártica Conjunta Esperanza, situada en Punta Foca, Bahía Esperanza, en el extremo septentrional de la península Antártica —concretamente en la Península Trinidad (63°23′53″S, 56°59′50″O)—, constituye el primer y único asentamiento en el continente antártico que alberga familias completas. Para los hijos de estas familias funciona la Escuela n.º 38 “Presidente Raúl R. Alfonsín”, bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación, a través de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo. Esta base también es la única en la cual han nacido personas en el continente; el primero de los ocho hasta el día de la fecha, fue el de Emilio Palma, en el año 1978. 

Desde la Base Antártica Conjunta Esperanza habría que recorrer unos 3100 km para alcanzar el polo, el extremo sur de nuestro territorio. En el año 2010 se aprobó la ley 26.651, que determinó que el territorio de nuestro país debe representarse en su totalidad y en forma continua. Esta ley fue la traducción de la Política Antártica a una expresión visual y cartográfica, como un hecho pedagógico, institucional y diplomático^[1].

Desafíos logísticos, soberanía y futuro estratégico

La presencia argentina en el continente antártico, materializada a través de dieciséis bases operativas, constituye un esfuerzo sostenido que trasciende lo logístico y adquiere un profundo valor estratégico y simbólico. Esta política de estado, mantenida durante décadas sin interrupciones, refleja un firme compromiso con la soberanía, la investigación científica y la proyección nacional en una región de creciente relevancia geopolítica.

Más allá del cumplimiento de las disposiciones del Tratado Antártico, la continuidad de esta presencia reafirma la voluntad nacional de ejercer derechos soberanos sobre el Sector Antártico Argentino. La histórica visita del máximo mandatario del país a una base en el continente blanco ha consolidado este compromiso, además de aportar un mensaje claro de respaldo político e institucional a la proyección argentina en la región.

Por otro lado, nuestro país cumple un rol clave en el marco del Tratado Antártico, dándole también un fuerte respaldo político al ser Sede de la Secretaría del Tratado Antártico, en Capital Federal. Fue impulsor de que la Antártida sea tierra de paz, promoviendo la ausencia de fuerzas militares, las pruebas nucleares y la deposición de desechos nucleares. En el contexto de la Guerra Fría, se opuso a la internacionalización, que implicaba que la Antártida fuera administrada por un consorcio de países, lo que podría haber sido una réplica de las tensiones entre esto-oeste.

Mantener la política antártica nos enfrenta ante desafíos logísticos permanentes: la construcción y mantenimiento de las bases antárticas y toda la infraestructura que coadyuva al cumplimiento de las actividades. Por ello, es auspicioso el proyectado polo logístico en Tierra del Fuego desde una Base Naval Integrada, que no solo sea el puente logístico para nuestro país, sino que, en cumplimiento de la obligación de cooperación internacional, brinde servicios logísticos a todos aquellos países que, en cumplimiento del Tratado y en respeto de su espíritu, desarrollen actividades científicas en beneficio de la humanidad.

Por ello, y considerando que la presencia en el continente antártico demanda actualmente capacidades logísticas modernas, resulta imprescindible orientar los esfuerzos hacia el desarrollo de fuentes de energía sustentable, infraestructura polar de vanguardia y una articulación eficaz entre los ámbitos civiles, militares y científicos. Esta estrategia cumple una doble finalidad: por un lado, consolidar de manera activa los derechos soberanos que la República Argentina ejerce sobre el Sector Antártico Argentino, y por otro, contribuir al uso pacífico y responsable de este territorio, conforme a los principios y compromisos establecidos en el marco del Sistema del Tratado Antártico.

La formulación de una estrategia futura en el ámbito antártico exige contemplar el empleo de medios diversos, buques, aeronaves, sistemas autónomos y tecnología de avanzada con la participación activa del sistema científico-tecnológico nacional, cuya contribución resulta esencial para las actividades desarrolladas en el continente antártico. En este marco, la logística no debe concebirse meramente como un elemento de apoyo, sino como un componente estratégico de la soberanía nacional, conforme a los alcances previstos por el Tratado Antártico, y como tal, debe integrarse plenamente al sistema de defensa de la Nación.

Por consiguiente, resulta fundamental sostener una Política Antártica Argentina, alineada con los principios y disposiciones del Tratado Antártico. Esta posición no constituye una zona gris o ambigua, sino que representa un eje rector en la proyección geopolítica de la Argentina como Nación bicontinental. Cabe destacar que dicho tratado no fue una imposición externa, sino el resultado de un proceso en el que nuestro país participó promoviendo, negociando y ratificando sus términos, reconociendo en él el instrumento más adecuado para preservar la paz y la cooperación internacional al sur del paralelo 60.