Una transición que no “transicionó”
El régimen de Omar al-Bashir, que gobernó Sudán durante tres décadas (1989-2019), colapsó en abril de 2019 tras una prolongada ola de protestas populares originadas por la profunda crisis económica, el deterioro de las condiciones sociales y el rechazo creciente a la corrupción estructural del régimen. Las movilizaciones, iniciadas en diciembre de 2018, reunieron a amplios sectores de la sociedad civil, sindicatos profesionales y organizaciones juveniles. Como resultado se configuró uno de los movimientos de protesta más significativos en la historia reciente del país.
La presión social se combinó con una fractura dentro de las élites de seguridad. Finalmente, las Sudanese Armed Forces (SAF) y las Rapid Support Forces (RSF) retiraron su respaldo al presidente y forzaron su destitución el 11 de abril de 2019. Al-Bashir fue arrestado y se inició un proceso de transición política encabezado por un Consejo Militar de Transición, que posteriormente acordó compartir el poder con actores civiles en una fórmula institucional frágil y marcada por profundas desconfianzas.
El proceso transicional aspiraba a conducir el país hacia elecciones democráticas. Sin embargo, desde sus inicios estuvo atravesado por tensiones estructurales entre la dirigencia civil y el aparato militar, así como por el creciente protagonismo de las RSF. La RSF es una fuerza paramilitar con autonomía financiera y militar considerable, derivada principalmente del control de recursos naturales —especialmente oro— y redes económicas propias.
El frágil equilibrio político se quebró definitivamente con el golpe de Estado de octubre de 2021, protagonizado por el general Abdel Fattah al-Burhan, comandante de las SAF, y por el líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como “Hemedti”. La alianza entre ambos actores fue, sin embargo, circunstancial. Las diferencias estructurales entre un ejército regular centralizado y una fuerza paramilitar con ambiciones políticas propias derivaron progresivamente en una rivalidad abierta.
La ruptura definitiva se produjo en abril de 2023, cuando las SAF y las RSF se enfrentaron directamente en Jartum y en otras ciudades estratégicas. Este enfrentamiento desencadenó una guerra civil que rápidamente se extendió a múltiples regiones del país.
Los intentos de mediación internacional —especialmente los Acuerdos de Yeda impulsados por Estados Unidos y Arabia Saudita—, así como las iniciativas diplomáticas de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), no lograron frenar la escalada. El conflicto sudanés refleja además la convergencia de rivalidades geopolíticas regionales. Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos respaldan, directa o indirectamente, a distintos actores con intereses divergentes, mientras que potencias extra-regionales como Rusia y China observan en Sudán un punto estratégico para su proyección en el Mar Rojo y para el acceso a recursos críticos como el oro.
En diciembre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió poner fin al mandato de la United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS), al considerar que el colapso político del país hacía inviable su rol de acompañamiento a la transición. Desde entonces, la presencia de Naciones Unidas en Sudán se limita principalmente a la asistencia humanitaria mediante agencias como OCHA, WFP y UNICEF, sin capacidad de mediación política efectiva ni despliegue militar.
Una guerra que no cesa
A comienzos de 2025 el conflicto sudanés se caracteriza por una combinación de alta intensidad militar y fragmentación territorial. Las SAF, bajo el mando de Abdel Fattah al-Burhan, mantienen el control del norte y del este del país, incluyendo áreas estratégicas sobre el Mar Rojo y los principales corredores logísticos, particularmente en torno a Port Sudan. En contraste, las RSF, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, consolidaron su dominio en amplias zonas de Darfur, Kordofán y sectores del centro y oeste del país.
El principal epicentro de los combates desde 2024 es la ciudad de El-Fasher, último bastión militar relevante de las SAF en la región de Darfur. La ciudad permanece bajo asedio permanente por parte de las RSF, lo que ha generado un deterioro dramático de la situación humanitaria y una escalada en los niveles de violencia contra la población civil.
La prolongación de los combates ha desencadenado una crisis humanitaria de magnitud excepcional. La escasez de alimentos, la destrucción de infraestructuras críticas y las restricciones al acceso de ayuda internacional han multiplicado el riesgo de hambruna. Al mismo tiempo, se registran desplazamientos masivos hacia países vecinos como Chad, Sudán del Sur y Egipto.
En el plano político-militar, Burhan ha intentado reforzar su legitimidad mediante una reconfiguración institucional. Entre las medidas adoptadas se destacan la designación de un nuevo primer ministro civil, Kamil Idris, y el nombramiento de Omar Seddik como ministro de Relaciones Exteriores, en un intento por proyectar una imagen de apertura política hacia la comunidad internacional. Paralelamente, el liderazgo de las SAF impulsó cambios en el alto mando militar para consolidar la cohesión interna frente al avance de las RSF.
Por su parte, las RSF avanzaron en abril de 2025 hacia la conformación de un gobierno paralelo, denominado Government of Peace and Unity, encabezado por Hemedti como presidente de un consejo presidencial. Esta estructura política busca institucionalizar la autoridad del grupo paramilitar en los territorios bajo su control y proyectar una alternativa de poder frente al aparato estatal tradicional. Hasta el momento, ningún Estado ha reconocido formalmente este gobierno, y la Unión Africana ha rechazado explícitamente su legitimidad.
Las RSF sostienen su capacidad militar mediante el control de minas de oro, redes de contrabando transfronterizo y vínculos con actores armados locales. Asimismo, han establecido alianzas con movimientos rebeldes como el Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N), liderado por Abdelaziz al-Hilu, para ampiar su proyección política más allá de Darfur.
En términos estratégicos, las diferencias entre ambos actores son sustanciales. Las SAF, respaldadas principalmente por Egipto y con vínculos con Arabia Saudita y Rusia, procuran preservar la centralidad del Estado sudanés, mantener el control de las infraestructuras estratégicas —especialmente los puertos del Mar Rojo— y evitar la fragmentación territorial del país. En contraste, las RSF promueven un modelo de poder más descentralizado basado en redes económicas propias, con fuerte anclaje territorial en Darfur y sustentado en recursos naturales y financiamiento externo.
Abusos y violaciones de derechos humanos
El conflicto ha reactivado patrones históricos de violencia étnica, particularmente en la región de Darfur. Diversos informes documentan que milicias vinculadas a las RSF han llevado adelante ataques sistemáticos contra comunidades masalit y otros grupos no árabes. Llevaron adelante estos ataques con el propósito de producir dinámicas de limpieza étnica. Estos ataques incluyeron masacres, desplazamientos forzados y la destrucción de asentamientos civiles; en pocas palabras, graves violaciones al derecho internacional humanitario. Fueron denunciadas previamente durante la guerra de Darfur en la década del 2000.
Asimismo, se han registrado abusos sistemáticos contra la población civil, entre ellos el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Organizaciones internacionales documentaron casos de violaciones, esclavitud sexual y otras formas de violencia de género, mayoritariamente atribuidas a las RSF, aunque también se han reportado incidentes vinculados a fuerzas alineadas con las SAF.
Las consecuencias humanitarias son de escala catastrófica. Más de 11 millones de personas se encuentran desplazadas, considerando los refugiados internos y externos en países vecinos. En paralelo, más de 26 millones de sudaneses enfrentan niveles severos de inseguridad alimentaria, lo que convierte a Sudán en una de las crisis humanitarias más graves del mundo en la actualidad.
La Paz aún no asoma
El conflicto sudanés refleja una ruptura completa de los mecanismos de negociación entre las partes. Tanto las SAF como las RSF mantienen posiciones irreductibles. Esto ha consolidado una dinámica de guerra prolongada caracterizada por la coexistencia de combates convencionales, insurgencia urbana y violencia interétnica.
A nivel regional, la prolongación del conflicto constituye un factor creciente de inestabilidad en África nororiental y el Sahel. La posibilidad de desbordamiento hacia Chad o Sudán del Sur, sumada a la inestabilidad en el corredor estratégico del Mar Rojo, plantea riesgos para la seguridad de rutas marítimas críticas para el comercio energético global.
En el plano político, la caída del régimen de Al-Bashir en 2019 abrió inicialmente una oportunidad de transición democrática que hoy se encuentra completamente clausurada. La ausencia de una autoridad estatal legítima y la emergencia de estructuras paralelas de poder han colocado a Sudán en una situación cercana al colapso institucional, con una creciente probabilidad de fragmentación territorial.
En el corto plazo, el conflicto no presenta indicios claros de resolución. La correlación de fuerzas sugiere la consolidación de una guerra prolongada con líneas de control relativamente estables entre las SAF y las RSF, sin avances decisivos por parte de ninguno de los actores. Asimismo, la respuesta internacional continuará siendo limitada y fragmentada. La comunidad internacional parece orientarse principalmente hacia la asistencia humanitaria y la contención regional del conflicto, más que hacia una intervención política o militar capaz de modificar de manera sustancial el equilibrio de poder interno en Sudán.
En este contexto, uno de los escenarios más probables es la consolidación de una fragmentación territorial de facto, con la coexistencia de múltiples centros de poder militar y político. Esto podría transformar el conflicto sudanés en una crisis prolongada con impacto estructural en la estabilidad del noreste de África